*Tampoco habría mejoría en las condiciones de salud
y en la calidad de vida de la población
*Es deber de las autoridades estatales garantizar dicho
acceso de una manera más equitativa, sin que para ello influyan la necesidad de
ganar clientelas políticas u obtener beneficios económicos
Boletines UAM, Número
128, 8 de abril de 2015. La tendencia hacia la
privatización del recurso agua no es la respuesta para que las mayorías accedan
a dicho bien, ni implica mejoría en sus condiciones de salud y en su calidad de
vida, advirtió la doctora Beatriz Canabal Cristiani, investigadora de la Unidad
Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
Durante la presentación del libro El Agua en los
Pueblos del Sur de la Ciudad de México –que coordinó junto con el doctor Nemer
E. Narchi, ambos del Departamento de Relaciones Sociales, la investigadora
afirmó que es deber de las autoridades estatales garantizar dicho acceso de una
manera más equitativa, “sin que para ello influyan la necesidad de ganar
clientelas políticas o de obtener beneficios económicos”.
Agregó que la problemática ambiental y del agua de
la zona sur de la ciudad de México “es compleja y tiene que ver con diversidad
de actores e intereses”, por lo que ha merecido investigaciones desde distintas
disciplinas que han dado cuenta de un diagnóstico poco favorable.
Reconoció que si bien ha habido propuestas de instancias
gubernamentales que han pretendido acercarse a las demandas básicas de la
población, éstas han adolecido de una mayor continuidad, coordinación,
eficiencia y equidad en la distribución de apoyos y financiamientos para los
proyectos en beneficio de la población local.
El doctor Pedro Moctezuma Barragán, investigador de
la Unidad Iztapalapa y coordinador del Proyecto Sierra Nevada, señaló que “en
las últimas tres semanas asistimos al descarrilamiento de la reforma
neoliberal; en particular de la Ley Korenfeld, que era el último vagón del tren
de la reforma energética”.
Explicó que las reformas energética, de
telecomunicaciones, educativa, se aprobaron con mucha oposición pública pero
con una mayoría en el Congreso de la Unión.
En el caso de la ley general de aguas se había
dictaminado en comisiones unidas –la de Agua Potable y Saneamiento y la de
Recursos Hidráulicos– e iba a entrar al pleno el martes tres de marzo; sin
embargo, como resultado de un proceso de más de tres años de organización y de
elaboración de una ley de aguas ciudadana, que se hizo pública en tiempo y
forma, y de acuerdo al transitorio de la reforma al artículo 4° Constitucional
de 2012, que exigía que la ley se presentara en 360 días, los ciudadanos lo
hicimos”.
Esto nos permitió presentar la ley ciudadana el
tres de febrero ante 22 senadores y 20 diputados de diversos partidos y ellos
presentaron esta ley en las cámaras, lo que ha generado un debate interno
dentro de los propios partidos. El PRD, por ejemplo, tuvo que argumentar que no
votaría en favor del dictamen a pesar de que el presidente de la comisión de
Recursos hidráulicos, Gerardo Gaudiano Rovirosa, lo firmó y después postempore
firmó el voto particular que negaba el dictamen.
Lo anterior llevó a una situación e incertidumbre
de cara a las elecciones de junio, pues en 26 estados de la República hubo
movilizaciones, opiniones en redes sociales y en la prensa, cuestionando a los
diputados si votarían esta ley.
“Nosotros logramos tres años de educación hídrica
en el país y finalmente al presidente de la coordinación política de la Cámara
de Diputados le dio temor de que se impusiera esta ley a través de su votación
en el pleno el día tres de marzo, por las consecuencias políticas que tendría a
corto plazo, o sea las elecciones de junio próximo”.
Por primera vez en 26 años de reformas
neoliberales, dijo, “se descarriló esta ley que se veía ya como imposible de
frenar y por tanto es digno de celebración, porque es indicio de que la marea
está cambiando y de que las comunidades, los académicos y el pueblo podemos
ganar terreno para transformar nuestro país en uno a la altura del siglo XXI y
no uno colonial al estilo del siglo XIX”.
El investigador de la UAM afirmó que la ley
Korenfeld tiene como principal objetivo hacer viable el acceso al agua para
corporaciones extranjeras que están llegando a México, muchas veces expulsadas
de otros países que castigan sus malas prácticas en el sector minero, minería
tóxica, en el sector de fracturación hidráulica, agroexportadores, geotermia,
entre otros megaproyectos.
Advirtió que para establecer proyectos de largo
plazo, la ley permite a estas empresas cláusulas mediante las cuales el Estado
se compromete a pagar, en caso de rescisión de contrato, las ganancias
esperadas hasta por 30 años.
Lo anterior quiere decir que si se generan
conflictos laborales o un gobierno local decide que las aguas municipales son
públicas y se les rescinde el contrato, no se van sin haber cobrado ganancias
esperadas. Esto significa que hay una “tendencia muy peligrosa” en el espíritu
y la letra de esta ley
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